El Gobierno nacional modificó por decreto la reglamentación del RIGI y cambió la definición de proveedor local. Desde ahora, las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina podrán computar para ese cupo aunque sus accionistas no sean argentinos y aunque el capital social sea extranjero, según el decreto 1366/2026 publicado este lunes 16 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial.
La nueva redacción del artículo 3°, inciso f), del Anexo I al Decreto 749/24 mantiene como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país. Para los bienes provistos al régimen, además, exige cumplir con los criterios del Anexo I al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales para ser considerados de origen nacional.
La modificación también ajusta la definición de fecha límite del artículo 47, inciso i), para precisar el momento en que el vehículo de proyecto único debe alcanzar el monto mínimo de inversión. El texto aclara que esa fecha no debe quedar fuera de las prácticas del sector para el desarrollo razonable del proyecto, pero sin alterar los montos mínimos ni los compromisos por etapa.
El decreto suma cambios en adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los VPU. Entre otros puntos, establece que la compra de acciones de un VPU después de presentada la solicitud de adhesión no altera sus derechos ni habilita a computar inversiones en activos computables. También fija un procedimiento para uniones transitorias y contratos asociativos, y habilita reorganizaciones de sucursales dedicadas mediante la transferencia total de activos, pasivos, derechos y obligaciones a una nueva sociedad, sin que eso implique una nueva adhesión.
Además, amplía el criterio para computar divisas del proyecto: podrán considerarse también aportes o endeudamientos financieros externos ingresados y liquidados por sociedades vinculadas al VPU, siempre que estén efectivamente destinados al Proyecto Único y queden registrados con trazabilidad contable. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
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